EL DESAFÍO DE LA ABOGACÍA PÚBLICA

La celebración del Día del Abogado –cada 29 de agosto en conmemoración del nacimiento de Juan Bautista Alberdi, máximo referente intelectual de la Constitución de 1853- es una excelente oportunidad para destacar el importantísimo rol de los abogados del Estado en la defensa del bien común.

Somos miles los letrados que ejercemos nuestra profesión en el ámbito estatal –en los distintos poderes y en cada jurisdicción del país- con la vocación de poner nuestros saberes al servicio de la resolución de los conflictos de la comunidad.

El resguardo del bien común requiere de estrategias de actuación dinámicas que logren dar respuesta a los embates contra lo público. En la práctica, consiste en sobrellevar esas presiones construyendo formas renovadas de intervención que garanticen el bienestar general.

La constante formación y actualización académica es una manera de fortalecer nuestras destrezas jurídicas. Por esta razón, desde el gobierno bonaerense trabajamos junto con entidades profesionales y universidades nacionales y provinciales, con asiento en la provincia de Buenos Aires para desarrollar programas de capacitación sobre Derecho Público y Derecho Administrativo.

En este sentido, también apostamos por una formación integral que, necesariamente, abarque dimensiones éticas para brindar más calidad, solidez, integridad y legitimidad al accionar del cuerpo de abogados del Estado.

El ejercicio de nuestra profesión en el ámbito público cuenta con un eje rector: proteger lo común y asegurar el buen vivir. Y para cumplir con tamaño cometido debemos poder atender las demandas del siglo XXI. Es decir, generar formas de gobierno más democráticas, abiertas a la participación ciudadana y apoyadas en el desarrollo de herramientas tecnológicas para modernizar el Estado.

Este nuevo marco institucional lo estamos construyendo a diario entre todos, con iniciativas transversales que tenemos la responsabilidad de impulsar desde la Secretaría Legal y Técnica. El desarrollo de procesos de mejora regulatoria para analizar tanto el impacto de las normativas como para perfeccionar y simplificar la tramitación administrativa es un ejemplo claro de avance. Al igual que la búsqueda de nuevas formas de diálogo entre el Estado y la ciudadanía, como lo posibilita la técnica del Lenguaje Claro, para facilitar la comprensión y acceso a nuestros derechos y obligaciones.

Desde este aspecto, la gestión de los asuntos para los que tomamos decisiones se enmarcan en la doctrina que el Dr. Segundo V. Linares Quintana proponía cuando describía que “el término constitucional califica a un tipo de Estado, que se caracteriza por la idea de un ordenamiento jurídico orientado a la consecución de un fin supremo y último: la garantía de la libertad y la dignidad del hombre en la sociedad”.

Es por ese objetivo que los abogados del Estado trabajamos día a día en forma equitativa, garantizando la libertad que permite a hombres y mujeres vivir plenos en una sociedad que privilegia el respeto por el otro.

OPINIÓN: ABOGADO NICOLÁS GALVAGNI PARDO

 

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